Más allá del carácter aproximativo de las etiquetas, inquieta e indigna en mayor grado que se multipliquen las etiquetas de exclusión sobre las mismas personas. De tal modo tomamos conciencia de que las clasificaciones dicen mucho sobre el sistema social que las aplica y poco sobre las etiquetadas:

“Las características socioeconómicas pueden influir en el nivel de categorización de las necesidades especiales. En los Estados Unidos se ha investigado de forma exhaustiva la interacción de la variación de los factores subyacentes con la variación de la identificación.

Por ejemplo, era más probable que las familias en mejor situación económica pudieran permitirse y solicitaran un diagnóstico para lograr que sus niños disléxicos se beneficiaran de los servicios y adaptaciones correspondientes (Hanford, 2017) [...] En cambio, en Europa, la mayoría de los estudios indica que los niños que están en el espectro autista tienen más probabilidades de ser diagnosticados en los hogares con un nivel  socioeconómico bajo (Delobel-Ayoub y otros, 2015). Además, los niños de los Estados Unidos con un nivel determinado de capacidad tenían más probabilidad, de forma desproporcionada, de ser calificados como niños con discapacidad intelectual si pertenecían a minorías raciales y étnicas; y en algunos estados, podía ser hasta cinco veces más probable que estas minorías figuraran oficialmente en las categorías de educación especial sin que ello llamara la atención sobre el problema de discriminación (Harry, 2014; Marks y Kurth, 2013)” (UNESCO, 2020: 85).